Desokupación legal con asesoramiento jurídico

Qué vías legales existen para recuperar tu vivienda

No hay una única forma de recuperar una vivienda ocupada. La vía adecuada depende de quién es el propietario, de si es una vivienda habitada o vacía, de cuánto tiempo llevan dentro los ocupantes y de si hubo o no contrato. Estas son las principales:

1. Vía penal: denuncia por allanamiento o usurpación

Si alguien ha entrado sin permiso, el primer paso es la denuncia. Según el tipo de inmueble, los hechos pueden encajar en el delito de allanamiento de morada o en el de usurpación. Si la okupación es muy reciente, la policía puede intervenir en flagrancia. Si ya está consolidada, el procedimiento sigue en el juzgado, que puede acordar el desalojo. Desde abril de 2025, tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025, estos delitos pueden tramitarse por el procedimiento de juicio rápido.

2. Vía civil: recuperación de la posesión de la vivienda

La Ley 5/2018, de 11 de junio, creó un procedimiento civil específico para recuperar viviendas ocupadas sin consentimiento. Pueden usarlo las personas físicas propietarias o poseedoras legítimas, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer la vivienda y las entidades públicas propietarias de vivienda social. Una vez admitida la demanda, se requiere a los ocupantes para que, en un plazo de cinco días, presenten un título que justifique su situación; si no lo hacen, el juzgado puede ordenar la entrega inmediata de la vivienda.

3. Desahucio: cuando hubo contrato

Si el ocupante entró con un contrato de alquiler y ha dejado de pagar o no se va al terminar el contrato, la vía es el desahucio, por impago o por expiración del plazo. Es el caso de los inquiokupas. En el mismo procedimiento pueden reclamarse las rentas debidas.

4. Mediación previa o en paralelo

En cualquiera de las vías anteriores, intentar una salida pactada suele acortar plazos. No sustituye a la vía legal: la complementa.

Allanamiento vs. usurpación: por qué importa

La distinción entre allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) y usurpación (artículo 245) es una de las primeras cosas que analizamos, porque condiciona la rapidez de la respuesta y la gravedad de las consecuencias para los ocupantes.

• Allanamiento de morada: se da cuando alguien entra o permanece contra tu voluntad en tu morada, es decir, el lugar donde vives. Los tribunales han considerado también morada, en muchos casos, una segunda residencia que se usa de forma periódica. La pena prevista es de prisión, de seis meses a dos años, que se agrava si hay violencia o intimidación.
• Usurpación: se aplica a inmuebles que no son morada de nadie, como un piso vacío a la venta o una vivienda heredada sin habitar. Si no hay violencia, la pena prevista es de multa de tres a seis meses.

Que tu vivienda se considere morada o no depende de circunstancias concretas: si estaba amueblada, si la usabas, si tenía suministros activos. Por eso conviene reunir pruebas desde el primer momento.

Asesoramiento jurídico en cada fase

Te acompañamos desde el primer día hasta la entrega de llaves:

1. Diagnóstico. Revisamos la titularidad, el tipo de inmueble, los hechos y las pruebas. Te decimos qué vía tiene más opciones y qué plazos son realistas.
2. Documentación. Te ayudamos a reunir escrituras, nota simple, recibos, fotografías, testimonios y todo lo que refuerza tu posición.
3. Denuncia o demanda. Te orientamos en la denuncia y coordinamos la preparación de la demanda con los profesionales que intervienen en el procedimiento.
4. Mediación en paralelo. Mientras el procedimiento avanza, seguimos abiertos a una salida pactada.
5. Ejecución y entrega. Cuando hay orden de desalojo o acuerdo, estamos presentes en la entrega, revisamos la vivienda y cambiamos la cerradura.

Lo que hacemos nosotros y lo que no

Somos tu equipo de referencia durante todo el proceso: estudiamos, planificamos, documentamos, mediamos y hacemos seguimiento. Lo que no hacemos es sustituir a la policía ni al juzgado: no desalojamos a nadie por nuestra cuenta ni ejecutamos decisiones que solo puede tomar un juez. Cualquier empresa que te prometa lo contrario te está poniendo en riesgo.